(Lima, 4 dic.).- El Congreso de la República tiene la
obligación moral de elegir el próximo año al nuevo Defensor del Pueblo y
aprobar las reformas políticas y electorales, porque la ciudadanía y el país
entero así lo esperan, afirmó la ministra de la Mujer y Poblaciones
Vulnerables, Carmen Omonte.
Omonte, congresista de Perú
Posible, consideró que se trata de dos temas "importantísimos" que en
el nuevo año deben ser asumidos de manera impostergable por el Parlamento, en
particular por la Mesa Directiva, dado que al cierre de la legislatura de 2014
estos no pudieron ser aprobados y, por tanto, continúan pendientes.
En el caso de la elección del
nuevo titilar de la Defensoría del Pueblo, la ministra recordó que hace pocos
meses se acortó la amplia lista de nombres que en un inicio se barajaban para
suceder en el cargo Eduardo Vega, de modo tal que estimó factible concretar
dicha elección en 2015.
"Estamos a un paso de darnos
esa oportunidad como país y de tener ya a un Defensor del Pueblo elegido y en
funciones de manera oficial", manifestó la ministra y también congresista
de la República, en diálogo con la Agencia Andina.
Otro reto fundamental, agregó,
debe ser la aprobación en el Congreso de las propuestas de reforma política y
electoral aún pendientes, tales como la eliminación del voto preferencial, el
financiamiento público a partidos políticos, la ley de revocatoria, entre
otros.
"Este debe ser otro de los
pedidos en favor del país, del sistema democrático y de la estabilidad
democrática. Que se pongan a debate y se aprueben estas reformas. Muchas
instituciones y organismo también han hecho un llamado en esa línea",
expresó la funcionaria.
Lamentó que durante el año 2014
dichas reformas no hayan sido una verdadera prioridad para el Poder
Legislativo, por lo que dijo esperar que este año puedan ser abordadas de forma
preferente, a fin de avanzar en la institucionalidad del país.
Cabe mencionar que existe en el ámbito del Congreso un proyecto de ley al respecto, presentado en forma conjunta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
Cabe mencionar que existe en el ámbito del Congreso un proyecto de ley al respecto, presentado en forma conjunta por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
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