(Lima, 4 feb.).- La ministra de la Mujer y
Poblaciones Vulnerables (MIMP), Carmen Omonte, y representantes de diversas
entidades del Estado suscribieron una declaración conjunta en condena todo tipo
de violencia contra los niños, niñas y adolescentes, y pidieron al Congreso de
la República el debate sobre la normativa que permite el castigo físico contra
menores de edad.
“Nuestra normativa a la fecha no
es la ideal en esta línea de trabajo, nuestro Código Civil todavía contempla,
lamentablemente, en su artículo 473, la posibilidad para quienes ejercen la
patria potestad de corregir moderadamente a sus hijos. Este ‘corregirlos
moderadamente’ termina en interpretaciones que pueden ir hasta el maltrato. Por
eso es importante que en este momento el Congreso de la República asuma su rol
y responsabilidad”, expresó Omonte.
La “Declaración por la Infancia y
por la Eliminación de la Violencia Física, Psicológica, Maltrato, Abuso Sexual,
Trato Cruel y Humillante, y Abandono Familiar”, que se enmarca en la Convención
sobre los Derechos del Niño, establece varios compromisos en los sectores de
Educación, Justicia y Salud, además de la Fiscalía de la Nación y el Poder
Judicial.
El documento señala que el Estado
debe adoptar medidas para proteger a la niña, el niño y el adolescente contra
toda forma de perjuicio o abuso físico o mental, descuido o trato negligente,
malos tratos o explotación por parte de sus padres, familiares o terceras
personas.
En esa línea, resalta que el
castigo físico y psicológico utilizado como una medida de disciplina familiar,
viola los derechos humanos de los menores de edad y fomenta una sociedad
también violenta.
“El MIMP presentó desde el 2012
iniciativas legislativas para la prohibición expresa del castigo físico,
lamentablemente estamos tardando años en aprobar una iniciativa tan
trascendente. Ya en nuestra región han sido aprobadas estas iniciativas en ocho
países”, indicó la ministra.
La declaración precisa que el
MIMP coordinará con los gobiernos locales y regionales el cumplimiento de las
políticas públicas que tiene como finalidad la protección de los derechos de
los niños, niñas y adolescentes, así como de mensajes de prevención de la
violencia infantil.
Asimismo, promoverá la adopción
de la normatividad que prohíba expresamente el castigo corporal y degradante
así como la aplicación de toda medida correctiva que afecte cualquier derecho
fundamental del menor.
(Fuente: Ministerio de la Mujer)
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