(Lima, 22 oct.).- El congresista
Daniel Mora Zevallos calificó como una "insensatez" el intento de un
sector de la oposición de interpelar al presidente del Consejo de Ministros,
Pedro Cateriano, por la destitución de la procuradora Julia Príncipe.
"Pienso que es una
insensatez. No sé qué busca el señor (Mauricio) Mulder o los apristas en
pretender una situación que da más inestabilidad al Gobierno", manifestó a
la Agencia Andina.
Anunció que la Bancada Perú
Posible no va a poyar la moción de interpelación que, a su juicio, forma parte
de una estrategia para desestabilizar al gobierno por "fines
subalternos".
Al respecto, refirió que la
propuesta de Concertación Parlamentaria es "sumamente peligrosa" y
también pretende evitar que se aborden temas relacionados con el segundo
gobierno de Alan García Pérez (2006-2011), entre ellos el caso 'Lavajato' o los
'narcoindultos'.
"Son campañas de humo y
psicosociales para que no figuren en los medios todos los hechos de corrupción
del gobierno anterior, es decir, para que no se hable de narcoindultos (...) o
que no se hable de Huachipa", agregó.
Sobre lo último, indicó que la
estructura de la planta de tratamiento de agua de Huachipa, que ha empezado a
desmoronarse, representa una pérdida superior a los S/. 800 000 000.
"Quién habla de los puentes
que se han caído y que fueron construidos por el gobierno anterior, todo eso
lo pretenden esconder. En conclusión,
ponen por encima del interés nacional, el interés subalterno ridículo de una
campaña electoral", advirtió.
Mora Zevallos consideró que la
propuesta de interpelar al Jefe del Gabinete y del Ministro del Interior, José
Luis Pérez Guadalupe no tendrá mucha acogida y emplazó a los legisladores para
que en estos últimos meses de gestión se enfoquen en los temas de relevancia
para el país.
"En este momento corresponde
pensar con sensatez. Al pueblo le interesa que no esté parado el transporte, le
interesa estar preparados para el Fenómeno el Niño o una canasta familiar en
los colegios, temas de salud, entre otros", comentó.
En otro momento argumentó que la
Ley publicada en el 2008 y que establece que los procuradores públicos deben
pedir permiso antes de rendir declaraciones, fue aprobada en el gobierno de
García Pérez con el objetivo de que no se pronuncien por los casos de
corrupción.
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