(Lima, 30 oct.).- La congresista Carmen Omonte reiteró que es necesario debatir y aprobar cuanto antes el Proyecto de Ley (2569) que presentó en el año 2013, el cual propone fortalecer la labor de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), permitiéndole el acceso al secreto bancario y reserva tributaria de las personas involucradas en una investigación o en una operación sospechosa.
Omonte advirtió que en caso contrario, el Perú podría terminar siendo un país paria respecto a este tema, ya que actualmente “existe una corriente mundial de lucha contra el lavado de activos, la corrupción y el narcotráfico”.
“Sólo nos quedaríamos a un nivel de aspirantes ilusos de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE)”, aseveró la congresista de Perú Posible.
Remarcó que el objetivo de su proyecto es darle a la UIF las herramientas legales para prevenir y combatir el lavado de activos, proveniente del lavado de dinero –propiamente dicho–, de la minería ilegal, de los delitos de corrupción, del terrorismo, del tráfico ilícito de drogas, del contrabando, del tráfico de migrantes, de la piratería y de una serie de delitos que se realizan a través de la delincuencia organizada nacional e internacional.
Aclaró que el mismo no es inconstitucional tras señalar que “el Tribunal Constitucional, en su sentencia 004 de 2004, señaló que el secreto bancario no forma parte del derecho a la intimidad personal cuando implica obstáculos a la persecución de delitos como el terrorismo, espionaje, corrupción y tráfico de drogas”.
Carmen Omonte precisó que, actualmente, la UIF tiene que remitir un informe a la Fiscalía para solicitar el levantamiento del secreto bancario de algún sospechoso.
“Lo graves es que puede pasar hasta un año para que dicho documento llegue hasta un juez y, finalmente, lo apruebe. Ese tiempo es suficiente para que aquellos que tenían esa operación sospechosa, escondan lo que tenían que esconder”, sentenció.
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