La Comisión de Constitución y Reglamento se pronunciará sobre
la aplicación de la nueva valla electoral establecida mediante la Ley 30414 que
modificó la Ley de Partidos Políticos 28094, teniendo en cuenta que la norma “rige al día siguiente de su publicación
en el diario oficial”, aunque el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) decidió no
aplicarla en esa instancia en las elecciones generales del pasado domingo.
El
presidente de ese grupo de trabajo legislativo, Fredy Otárola Peñaranda (NGP),
aceptó encargar a la asesoría técnica que elabore un pronunciamiento sobre el
tema, a pedido del congresista José León Rivera (PP).
Según León Rivera, el JNE había aplicado la nueva ley, promulgada el 23 de diciembre último, en la parte que dispone descalificar a las agrupaciones políticas que repartan dádivas entre sus simpatizantes, no así en lo que respecta a la valla electoral.
Según León Rivera, el JNE había aplicado la nueva ley, promulgada el 23 de diciembre último, en la parte que dispone descalificar a las agrupaciones políticas que repartan dádivas entre sus simpatizantes, no así en lo que respecta a la valla electoral.
El pedido fue hecho por el congresista peruposibilista en la frustrada sesión de la Comisión que debió realizarse el martes 12, pero en la cual se encontraban presentes seis de los nueve integrantes que se requerían.
Sobre la valla electoral, Otárola Peñaranda opinaría luego que resultaba ‘sospechosa’ la decisión del JNE de anunciar su no aplicación 24 horas antes de las elecciones, cuando sus integrantes ya conocían el resultado de las encuestas internas. De esa forma, dijo se favoreció a agrupaciones políticas que participaban en alianzas, por lo que requerían un 1 % más de los votos válidos a nivel nacional por cada agrupación adicional.
El titular de la comisión dictaminadora calificó de ‘disparate jurídico’ la decisión del JNE y comentó que sus miembros podrían haber cometido un acto de prevaricato, teniendo en cuenta que la ley no incluía ninguna disposición en el sentido de suspender su aplicación por un determinado tiempo, lo que en términos jurídicos se denomina ‘vacatio legis’.
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